Vacaciones del TFJFA 2014 (primer periodo)

Es oportuno recordar que el hoy, 14 de julio de 2014, es el primer día del primer periodo vacacional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que éste reiniciará sus labores el viernes 1o de agosto de la misma anualidad.

Lo anterior conforme al ACUERDO G/1/2014 del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la parte que dice:

                  Mes                   Día
                  …
                  JULIO                Lunes 14 al Jueves 31 (primer periodo vacacional)

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Art. 170, fr. II, Ley de Amparo violatorio de los 14, 16 y 17 Constitucionales (T.A. 2a. LXXVI/2014 (10a.)

En relación con el comentario Improcedente el amparo contra sentencias de nulidad TFJFA??? (Art 170. II, Ley de Amparo) hoy aparecen en el Semanario Judicial de la Federación unas tesis que establecen que el precepto mencionado, viola los numerales 14, y 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales, al dejar en incertidumbre jurídica al particular, por no tener posibilidad de saber si debe, o no, preparar demanda de amparo en contra de sentencias favorables cuando pudiera alcanzar un mayor beneficio que el otorgado, ya que la procedencia de ésta, legalmente está sujeta a la voluntad de la autoridad de promover un recurso de revisión, lo que puede llevar a hacer nugatorio el derecho a un pronunciamiento íntegro sobre lo pedido .

Es de resaltar que en este criterio, tenemos la misma votación dividida que en el referido en la aportación anterior, es decir, a favor Valls, Luna y Aguilar; en contra, Pérez Dayán y Gonzalez); así como que son cuatro decisiones en el mismo sentido, por lo que seguramente pronto serán jurisprudencia.

Todo parece indicar que si bien considerarán que el artículo 170, de la Ley de Amparo, se refiere en su fracción II a cualquier fallo que declare la nulidad por cualquier causa y efecto, sin embargo, la inminente declaratoria de inconstitucionalidad del precepto superará la limitación que el mismo impone.

La tesis publicadas el día de hoy es la siguiente:

Tesis: 2a. LXXVI/2014 (10a.)

AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PRODUCIR INCERTIDUMBRE JURÍDICA. La fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo contra sentencias favorables pronunciadas en sede contencioso administrativa, sólo se tramitará si la autoridad interpone y se admite el diverso recurso de revisión previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, esta determinación produce incertidumbre jurídica en el actor y, por ende, viola los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al pretender intentar la acción de amparo directo se encuentra en la imposibilidad de saber si tiene o no sentido preparar y presentar su demanda contra la sentencia favorable, una vez que le es notificada, pues si la contraria no formula su recurso de revisión, ello supone que resultó infructuoso cualquier intento de promoción de la defensa de sus derechos fundamentales para obtener un mayor beneficio del alcanzado, en tanto que bastará con que la autoridad enjuiciada decida, por sí y ante sí, claudicar en la prosecución del medio ordinario de impugnación que la ley le confiere, para que en forma automática ese desinterés procesal trascienda en la esfera jurídica del actor, quien en el mejor de los casos sólo podrá precaverse, ad cautélam, de solicitar la protección de la Justicia Federal, bajo la mera conjetura de que la revisión de su contraparte que, en su caso, llegue a gestionar, se admitirá e incluso, prosperará, pues sólo con estas dos condiciones cumplidas es que el Tribunal Colegiado de Circuito quedaría autorizado para examinar los conceptos de violación, pero exclusivamente contra las normas generales aplicadas en la sentencia primaria.

Amparo directo en revisión 4081/2013. Transportes Elola, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Claudia Mendoza Polanco y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo directo en revisión 4485/2013. Biomiral, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Claudia Mendoza Polanco y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo directo en revisión 3856/2013. Papelera Veracruzana, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Amparo directo en revisión 872/2014. Figo Construcciones, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación.

 Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: 2a. LXXV/2014 (10a.)

AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. La fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo prescribe un procedimiento complejo, por el cual, la impugnación simultánea de las sentencias favorables a través de la acción de amparo y, en su caso, del recurso de revisión que tiene a su alcance la autoridad demandada, conforma un sistema en el que la procedencia de la primera se subordina al resultado del segundo e, inclusive, a la simple falta de promoción de este último, con lo cual ese tipo de sentencias de la jurisdicción ordinaria pueden llegar a ser inatacables en la vía de control constitucional, por cuanto a las consideraciones de mera legalidad que contengan. En efecto, la primera peculiaridad del precepto citado se traduce en la imposibilidad absoluta de formular conceptos de violación de mera legalidad, ya que en estos casos, el quejoso sólo está autorizado para plantear la inconstitucionalidad de las normas generales aplicadas. La segunda faceta de procedencia de la vía directa se refiere a que el juicio de amparo solamente se tramitará si coexiste con un recurso de revisión promovido por la parte contraria, en términos del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el tercer aspecto que particulariza la procedencia del juicio de amparo directo, precisa que en el caso de que el recurso de revisión de la autoridad sea procedente y fundado (lo cual además deberá decidirse siempre en forma preferente), el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en la demanda de amparo. A partir de todo lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la primera restricción contenida en la norma que se analiza no encuentra justificación alguna para proscribir, en forma absoluta, la posibilidad de someter a control constitucional alguna porción de la sentencia favorable dictada en sede contencioso administrativa, o bien, señalar su posible falta de exhaustividad, ya que esto equivale a una denegación de justicia contraria al principio de acceso a los tribunales tutelada por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, porque no toda anulación satisface en su integridad las pretensiones del actor y éste, por tanto, preserva el derecho de exigir en amparo que la jurisdicción contenciosa administrativa se pronuncie con arreglo al principio de legalidad, de manera íntegra sobre lo pedido y/o conforme los alcances pretendidos. Asimismo, la segunda condicionante que fija la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, sujeta a la voluntad de la autoridad demandada la procedencia del amparo directo, toda vez que si es ella quien decide si interpone o no la revisión, esa facultad de elección es la que determina si ha lugar o no a admitir la demanda de amparo directo, lo cual constituye otro obstáculo injustificado para la defensa de los derechos humanos del actor, ya que la promoción de este medio de control constitucional no puede quedar a merced de la conveniencia de la autoridad demandada de proseguir o no con el litigio iniciado en su contra en la sede contencioso administrativa, asemejando al juicio de amparo con un mecanismo de defensa adhesivo de otro de naturaleza ordinaria. En el mismo sentido, la tercera limitante contenida en la fracción II del artículo 170 referido, suma las dos deficiencias analizadas y las robustece, al punto de poner nuevas trabas, no sólo al ejercicio de la acción constitucional, sino también a la labor de los juzgadores, ya que, por un lado, dispone un inevitable orden secuencial de estudio que resulta lesivo de la potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito para ejercer su arbitrio judicial, pues les impide elegir conforme a su recto criterio si debe o no analizarse preferentemente la demanda de amparo, en los casos en los que adviertan que los quejosos podrían obtener un mayor beneficio del ya alcanzado, lo cual le permitiría a dichos Tribunales dejar para una etapa posterior el examen de los agravios de la revisión planteada por la autoridad demandada en el juicio contencioso. Otro aspecto que también implica la repetida violación constitucional, se observa en el mismo enunciado jurídico contenido en el precepto en estudio, en el cual se determina que el sentido de lo resuelto en el recurso de revisión coexistente con la demanda de amparo, es el factor que decidirá la suerte procesal del quejoso, pues del desenlace que obtenga ese medio ordinario de defensa dependerá, en forma decisiva, que el Tribunal Colegiado de Circuito sobresea en el juicio de amparo o examine los conceptos de violación planteados (sólo contra normas generales) no por razones técnicas propias que impidan el estudio de la demanda, sino por la circunstancia de que, al no prosperar la revisión de la autoridad, hubiese adquirido firmeza la declaración de nulidad contenida en la sentencia favorable.

 Décima Época. Registro: 2006982. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 11 de julio de 2014 08:25 h

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Improcedente el amparo contra sentencias de nulidad TFJFA??? (Art 170. II, Ley de Amparo)

El pasado 25 de junio de 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), celebró sesión pública ordinaria, en la que se sostuvo algo alarmante.

En efecto, al estudiar la contradicción de tesis 459/2013, relativo al alcance del término resolución favorable en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, se dijo que por el secretario que el proyecto votado por mayoría de 3 (Valls, Luna y Aguilar; Pérez Dayán y Gonzalez, en contra)  se orientaba en el sentido de que el alcance del concepto “resolución favorable” en el contexto del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, involucra la presencia de un fallo que declara la nulidad por cualquier causa y efecto, sin que para su autorización deba necesariamente verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada.

Según lo manifestado por el secretario, el proyecto viene en el sentido de que resolución favorable involucra la presencia de un fallo que declare la nulidad, sin distinguir la causa de ésta o el efecto que conlleve, por lo que no sería necesario verificar el grado del beneficio concedido al actor con dicha nulidad.

Sabemos que en el TFJFA muchas veces se resuelven los asuntos sin tomar en consideración el agravio que mayor beneficio represente para los justiciables, y eso motivó la adición del penúltimo párrafo al numeral 51 de la LFPCA, así como las jurisprudencias:

2a./J. 66/2013 (10a.)
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
Registro: 2003882

2a./J. 33/2004

AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE ALGUNAS CAUSAS DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.

Registro: 181800 

Es preocupante, pues aparentemente la jurisprudencia que emanará del fallo, atentará contra los principios de justicia completa y expedita, así como el de mayor beneficio en las sentencias del TFJFA; y por ende, violentaría el recurso sencillo y rápido que exige el artículo 25 numeral 1 del Pacto de San José. De considerarse improcedente el amparo contra sentencias, que declaren la nulidad por cualquier causa y efecto, incentivará a que se resuelvan los asuntos sin un verdadero estudio del fondo de éstos.

Espero que los temores sean infundados, y que en la próxima publicación del Semanario, nos demos cuenta que sólo fue una falta de precisión del secretario. De lo contrario, estaríamos ante un grave retroceso en la impartición de justicia.

En cuanto tenga mayor información, actualizaré el comentario.

 

 

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Vicio formal: Se puede hacer nueva visita domiciliaria por mismos periodos, contribuciones y hechos. Jurisprudencia.

El pasado día 2 de mayo de 2014 apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia de gran trascendencia.

Ésta señala que la limitante del artículo 46, último párrafo, del CFF no aplica cuando las facultades de comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos que fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios formales -como lo es una indebida fundamentación-, ya que en este supuesto no puede estimarse concluida la visita respectiva, excepto cuando la insubsistencia obedezca a la incompetencia material de la autoridad que la emitió, caso en el cual sí se considera concluida, al no ser jurídicamente posible que la misma autoridad reponga el procedimiento de fiscalización.

La jurisprudencia es la 2a./J. 34/2014 (10a.), que reza:

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CASO EN QUE NO OPERA LA CONDICIÓN PARA EMITIR UNA NUEVA DIRIGIDA AL MISMO CONTRIBUYENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN COMPROBAR HECHOS DIFERENTES A LOS YA REVISADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El análisis armónico de los artículos 46, 46-A, 50, 133 y 133-A del citado ordenamiento legal, permite establecer que la facultad otorgada a la autoridad hacendaria para ordenar la práctica de una nueva visita domiciliaria con el objeto de revisar las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, no está limitada a la comprobación de hechos diferentes a los ya revisados, pues si la primer orden de visita se declara insubsistente por adolecer de un vicio formal, como lo es una indebida o insuficiente fundamentación, es jurídicamente posible reponer el procedimiento de fiscalización y, en su caso, emitir una nueva resolución que determine las contribuciones y los aprovechamientos omitidos, con base en los mismos hechos ya revisados. Lo que se corrobora al tener en cuenta que la referida condición, relativa a comprobar la existencia de hechos diferentes, tiene dos objetivos, por una parte, otorga certeza jurídica al contribuyente sobre la definitividad del resultado de una visita, lo que de suyo implica la existencia de una resolución firme que defina su situación jurídica respecto de las contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados, de tal suerte que no pueda ser modificada, sino sólo en el caso de que se compruebe la existencia de otros hechos que los visitadores no pudieron conocer durante el desarrollo de la visita; y por otra, salvaguarda las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para revisar esos hechos y, en su caso, modificar lo decidido inicialmente sobre las contribuciones y los aprovechamientos correspondientes a los periodos revisados. Por tanto, lo previsto en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que una vez concluida la visita es necesario comprobar la existencia de hechos diferentes a los revisados para ordenar la práctica de otra al mismo contribuyente, no es aplicable cuando las facultades de comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos que fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios formales, ya que en este supuesto no puede estimarse concluida la visita respectiva, excepto cuando la insubsistencia obedezca a la incompetencia material de la autoridad que la emitió, caso en el cual sí se considera concluida, al no ser jurídicamente posible que la misma autoridad reponga el procedimiento de fiscalización.

Contradicción de tesis 475/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 34/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época Registro: 2006336 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 12:05 h Materia(s): (Administrativa)

 Cabe puntualizar que se refiere el criterio a la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, pues en esa fecha entró en vigor la reforma que derogó el párrafo final del citado numeral. En la exposición de motivos de esa reforma, se lee:

Ejercicio de Facultades de comprobación

Con la implementación del procedimiento para las revisiones electrónicas, es indispensable establecer en el Código Fiscal de la Federación las reglas para que la autoridad pueda ejercer sus facultades sobre conceptos no revisados anteriormente, así como la condición para que los revise nuevamente con hechos nuevos, al igual que para emitir la determinación de contribuciones que de ellos deriven, tal como actualmente se regula en los artículos 46, último párrafo, y 50, último párrafo, del mismo ordenamiento legal, para las revisiones de gabinete y visitas domiciliarias tradicionales.

 En ese sentido, se propone la adición de un artículo 53-C al Código Fiscal de la Federación, a fin de concentrar esta regulación, precisando su alcance para que regule las revisiones electrónicas y las resoluciones que de ella deriven; en consecuencia, se propone la eliminación del último párrafo del artículo 46 así como el último párrafo del artículo 50, ambos del Código Fiscal de la Federación.

El artículo 53-C del CFF vigente, nos dice:

Artículo 53-C. Con relación a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones II, III y IX de este Código, las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos, que no se hayan revisado anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 67 de este Código.

Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo y en su caso, determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos hechos.

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros; en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten, o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente.

Aunque en este artículo no se contiene la parte de “concluida la visita” en la que tanto se apoyó la 2a Sala de la SCJN en su ejecutoria para determinar que tal frase presupone la existencia de una resolución firme que define su situación jurídica respecto de los hechos ya revisados, y que ese es el único supuesto que impediría una nueva revisión; todo parece indicar que queda implícita en esta redacción y que las siguientes interpretaciones serán del mismo corte, haciendo alusión a la evolución legislativa y a la posibilidad legal de reponer el procedimiento de fiscalización en un recurso administrativo y dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, cuando la insubsistencia de ésta obedezca a vicios de forma o procedimentales.

Me parece que el nuevo criterio es contrario al principio de progresividad de los derechos humanos, pues en definitiva, permitirá que la autoridad practique dos, o incluso más, visitas domiciliarias respecto de los mismos hechos, contribuciones y periodos, afectando la inviolabilidad del domicilio que, originalmente, se pretendía garantizar mediante el párrafo fina del citado artículo 46 del CFF. En vez de restringir cada vez la afectación domiciliaria, hace la Corte cada vez más concesiones a la autoridad sobre el gobernado.

Nos queda la pregunta… ¿non bis in idem?

 

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Días inhábiles del TFJFA (Calendario actualizado)

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Mediante acuerdo  G/53/2014 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el 2-MAY-14 en el Diario Oficial de la Federación, se declaró inhábil el día 5 de mayo de 2014.

Calendario de días inhábiles TFJFA en pdf.

 

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SAROP (n. 7-AGO-11, ✞ 30-ABR-14)

El día de hoy aparece publicado en el DOF el ACUERDO SS/4/2014 por el que se reforma la denominación del capítulo VII, y la fracción VII del artículo 77, y se derogan el segundo párrafo del artículo 39, así como los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dicho acuerdo, esencialmente, reforma el Reglamento del Tribunal, derogando lo referente al Sistema Automático de Recepción de Oficialías de Partes, también conocido como SAROP.

Lo anterior, motivado en que desde junio de 2013 se modificó el horario de las oficialías de partes, previendo que abarque hasta las 24:00 horas del día; asimismo, se tomó en consideración que se declaró inconstitucional [2a./J. 170/2013 (10a.)]el artículo 39 del Reglamento, en cuanto sancionaba la presentación de promociones que no tuvieran vencimiento ese día, con tenerlas por no presentadas. 

Me parece oportuno comentar, con todo el respeto que me merece la Institución y quienes la integran, que resulta excesivamente lenta la reacción del TFJFA pues desde la entrada en vigor de la reforma reglamentaria que ampliaba el horario de las oficialías, dejó de tener sentido la existencia del SAROP, salvo para aquellas entidades federativas que sufren de la inseguridad y en las que sería peligroso retener al personal operativo hasta la medianoche.

Pero esta lentitud administrativa, no es nada comparada con la desplegada respecto de la violación a los derechos humanos que implicaba el SAROP, pues desde tiempo atrás (mayo de 2012) fueron reiterados los criterios jurisdiccionales que evidenciaban la violación al acceso efectivo a la justicia, sin que hubiera acción en consecuencia por parte del Tribunal, sino hasta que las Segunda Sala de la Corte hizo una declaratoria jurisprudencial. Dónde quedó la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” si esa instancia formalmente jurisdiccional espera hasta la emisión de jurisprudencia para modificar su reglamento, cuando en razón de su delicada función, debe ser de los primeros en actuar para cumplir esos imperativos constitucionales.

 

 

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Interesante propuesta de inaplicación de jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a) (Litis Abierta)

En relación con el tema de la Jurisprudencia 73/2013 de la 2a Sala de la Corte, relativa a la limitación del alcance del principio de la Litis Abierta, comparto el estudio efectuado por el Mag. Mario de la Huerta Portillo y el Dr. Miguel Ángel Marmolejo (Revista 15. Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa), en el que proponen la inaplicación de ésta.

Aquí la liga: http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/modificaciondelcriterioenmateriadelitisabierta.pdf

Vale la pena leer el artículo y difundirlo para que se “desfaga el entuerto” y que los magistrados de las Salas Regionales tengan elementos para admitir pruebas adicionales, aplicando un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, bajo la óptica del principio pro persona. Probablemente los más conservadores preferirán acatar el criterio de la 2a Sala, pues el ejercer control difuso parecerá enjuiciar la resolución de la Corte, lo que representa un riesgo de hacerse acreedores a las consecuencias por contravención de jurisprudencia obligatoria; pero habrá algunos que lo adopten, dejen en evidencia la afectación a los derechos humanos que conlleva esta nueva interpretación de la litis abierta que nos recetó la 2a Sala y con ello den lugar a un nuevo criterio .

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Reforma al art. 13, fr. I, inciso a), de la LFPCA, un día menos para impugnar?

El día 24 de diciembre de 2013, apareció publicada en el DOF la reforma al inciso 13, fracción I, inciso a), de la LPFCA.

Originalmente, el capítulo VI del CFF vigente hasta la entrada en vigor de la LFPCA, que se limitaba a señalar el plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de que “haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada“.

Posteriormente, en la LFPCA, se reiteró la redacción en el sentido de que serían cuarenta y cinco días a partir de que surta efectos la notificación, y no fue sino hasta el 10 de diciembre de 2010, que se modificó la porción normativa para quedar el cómputo de la siguiente forma:

Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley

Lo anterior, sin que exista una exposición de motivos específica, ya que el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, sólo señalaron que era conveniente “realizar diversas precisiones a los textos originales aprobados contenidos en las iniciativas en dictamen, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a los actores y a las instituciones jurídicas, consagradas en el ordenamiento“.

Sin embargo, si bien aclaró con esa reforma cómo se computarían los plazos, llevó a la aberración de que la norma adjetiva, se sobrepusiera a la sustantiva, y que ésta afecte notificaciones realizadas con anterioridad al juicio que regula.

Por lo que se resolvió necesario hacer reforma al iniciso a), señalando que los efectos de la notificación se regularán conforme a la ley aplicable a la resolución.

El efecto más importante de esta reforma, es que tratándose de notificaciones realizadas al amparo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, éstas surten sus efectos el día en que son realizadas (a diferencia de la materia fiscal, que el efecto es al día siguiente) lo que conlleva en la práctica a contar con un día menos para la presentación de la demanda de nulidad. Y esto adquiere especial relevancia, puesto que en el foro, era sabido y conocido que el plazo para presentar la demanda, era de 45 días contados a partir del efecto de la notificación conforme a la ley que regula el juicio contencioso administrativo, y ahora, la regla cambiará con fundamento en una reforma publicada el 24 de diciembre de 2013, sin la debida difusión.

Añado la aportación del Lic. Juan José Saavedra, en el sentido de que igualmente se deberá prestar atención a aquellas fechas que para el TFJFA, son inhábiles, pero para la autoridad fiscal, sí resultan laborables. Lo anterior, puesto que si la autoridad realiza una notificación, no obstante que el día siguiente sea inhábil para el tribunal, puede acontecer que conforme a la Ley que rige el acto (v.gr. el CFF, en relación con la RMF), no lo sea para la autoridad, por lo que ese día surtirá efectos la notificación, y el inicio del cómputo deberá hacerse el primer día hábil del Tribunal.

Es importante señalar que, una vez más, la técnica legislativa deja mucho que desear, pues no precisa si la reforma será aplicable sólo para los actos notificados con posterioridad a la entrada en vigor de ésta. Si bien sólo será un día el que presentará dificultades en el cálculo de los plazos de impugnación, hubiera sido conveniente que se estableciera adecuadamente el régimen transitorio. Y lo que es peor, no tuvo el Legislador el cuidado de reformar el artículo 58-2, último párrafo de la Ley, por lo que el plazo del juicio sumario, sigue considerando los efectos de las notificaciones conforme a la propia norma adjetiva.

A continuación, se transcribe el decreto respectivo:

DOF: 24/12/2013

DECRETO por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:
Artículo 13.- …
I. …
a)    Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
b) …
II. …
III. …
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 12 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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¿Qué le pasó al IUS de la SCJN?

Ante diversos comentarios escuchados y leídos respecto a la desaparición del IUS en la página de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación (México),  estimo conveniente comentar que el pasado 25 de noviembre de 2013, el Pleno emitió  el acuerdo 19/2013 para regular la difusión del Semanario Judicial de la Federación por vía electrónica.

Del acuerdo se destaca que el semanario integrará un sólo instrumento sistematizador, que sustituye al IUS. Asimismo, que se busca con esta integración evitar el desfase entre la integración de una jurisprudencia y su difusión por medios escritos como hasta la fecha se venía practicando. La Gaceta será la versión impresa y electrónica de lo difundido en el Semanario, se publicará mensualmente y circulará en la segunda quincena del mes siguiente al que corresponda.

El Semanario se publicará  en la página de Internet de la SCJN y se le integrarán cada viernes los criterios que se vayan generando.

La aplicación obligatoria de criterios, será a partir del lunes hábil siguiente a su publicación; sin que ello obste a su utilización sin que aparezca publicada aún.

La nueva página del Semanario y el sistema de consulta (antes IUS) pueden consultarse pulsando en el hipertexto.

Esperemos que éste avance tecnológico sirva para que los tribunales y jueces más alejados del cobijo del PJF tengan acceso y conozcan más rápido los criterios que deben aplicar.

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ST-3 y ST-7 IMSS Deben fundarse y motivarse (Jurisp. TFJFA)

En la revista de Noviembre de 2013 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aparece la jurisprudencia VII-J-SS-72, en la que se determina que los formatos de “Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo” (ST-3), y el de “Aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo” (ST-7) constituyen actos de autoridad del IMSS, y por lo tanto, deben cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.

Al acudir al juicio de nulidad, los servicios jurídicos del Instituto sostenían siempre que se trataba de actos internos de carácter médico, que no estaban sujetos a la fundamentación y motivación, sin embargo, este criterio aclara lo que, para muchos resultaba más que evidente: los dictámenes trascienden en forma directa a la siniestralidad de la empresa y la determinación de su prima de grado de riesgo, y en esa medida, deben encontrarse fundados y motivados.

La dificultad que deberá salvar ahora el IMSS será el capacitar a sus médicos para que emitan dictámenes fundado, de entrada, su competencia para dictarlos, así como el procedimiento para la determinación del grado de incapacidad de un órgano y sus porcentajes, y motivar el diagnóstico, identificando también si la lesión o enfermedad derivó del desempeño del trabajo o si fue accidente en tránsito. En muchos casos los médicos están rebasados por el trabajo que deben realizar y el que se les responsabilice de esta tarea, puede resultar excesivo y llevar a la consecuencia práctica de que nunca cumplirán con los requisitos formales antes apuntados.

Pienso que no pasará mucho tiempo antes de que los dictámenes pasen a ser facultad de los Delegados Regionales, o de una unidad especializada, que podrá auxiliarse de los médicos tratantes o cualquier otro perito, y hacer propias las opiniones de éstos.

La jurisprudencia VII-J-SS-72 en comento, dice:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. “DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO” (ST-3), “AVISO DE ATENCIÓN MÉDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO” (ST-7), DEBEN ENCONTRARSE “FUNDADOS LEGALMENTE Y MOTIVADOS TÉCNICAMENTE”.- De conformidad con los artículos 19, 22, 23, 25, 30, 32 y 34 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el médico tratante valorará médicamente al paciente y suscribirá el aviso de atención médica inicial, inmerso en el formato ST-7, denominado Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo, el que a su vez será remitido al médico de servicio de Salud en el Trabajo, para que realice la calificación del riesgo de trabajo, así como la emisión de dictámenes de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo, mediante los formatos denominados “Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por Riesgo de Trabajo” (ST-3) y (ST-7), a través de los cuales se realiza la calificación, valuación o defunción del accidente de trabajo, identificándose si una lesión o enfermedad inicial tiene su origen o no en el ejercicio o con motivo del trabajo y se valora con determinado porcentaje la incapacidad de un órgano funcional parcial y permanente para el trabajador. En consecuencia, los dictámenes aludidos constituyen actos de autoridad emitidos por el Médico de Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que causan un perjuicio al patrón, en virtud de que inciden para determinar el grado de siniestralidad y la prima del seguro de riesgo de trabajo que deberá cubrir el patrón de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; razón por la cual deberán encontrarse técnicamente motivados, es decir, señalar el diagnóstico de la valuación de la incapacidad de un órgano funcional o de la defunción y sus respectivos porcentajes, de acuerdo a los procedimientos para la dictaminación y prevención de los accidentes de trabajo, a fin de identificar si una lesión o enfermedad inicial tiene o no su origen en el ejercicio o con motivo del trabajo y legalmente fundamentados, debiendo señalar la Trabajo para emitir dicha determinación. Lo que no es exigible respecto del formato “Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo” (ST-2), ya que este es el dictamen mediante el cual el trabajador es dado de alta para la reanudación de sus labores, por lo que este no constituye un acto administrativo que cause perjuicio al patrón ya que no incide en la determinación del grado de siniestralidad y la prima de grado de riesgo.

Contradicción de Sentencias Núm. 1382/09-08-01-2/Y OTRO/1554/12-PL-04-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de abril de 2013, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez

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