Calendario TFJFA 2016 para imprimir.

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Por ser de utilidad para el cómputo de plazos y términos, incluimos aquí el calendario de suspensión de labores del TFJFA en formato *.pdf para imprimir clic aquí

Corresponde a las fechas señaladas en el ACUERDO G/1/2016 del Pleno de la Sala Superior del TFJFA.

NOTA: El acuerdo de referencia fue publicado en el DOF el 14 de enero de 2016.

 

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Vacaciones TFJFA 2015 (Periodo y guardias).

El TFJFA disfrutará de su segundo periodo vacacional del 14 al 31 de LOGO TFJFAdiciembre de 2015, conforme al acuerdo ACUERDO G/1/2015 , sin embargo, hay que considerar que el 1 de enero de 2016 es inhábil, por lo que las labores se reanudarán hasta el lunes 4 del mismo mes y año.

Asimismo, tendrá guardias los días 14 a 18, 21 a 24 y 28 a 31, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo ordenado en el ACUERDO G/75/2015. Si bien el acuerdo sólo menciona que se recibirán promociones, no debe pasarse por alto que se atenderán y resolverán únicamente, según lo dispuesto por el artículo 55, párrafo segundo, de la LOTFJFA*:

 

  • casos urgentes que no admitan demora,
  • las medidas cautelares y
  • suspensión

Como recomendación, de estarse en la necesidad de presentar una promoción, justificar en todos los casos la urgencia de la misma en el propio escrito y, de preferencia, solicitar audiencia con el secretario o el magistrado de guardia, para expresar los motivos que no admiten la demora.

__________________________

* Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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Presunción de inocencia no aplica a facultades fiscales de comprobación.

 

En mayo de 2014 salió a la luz la tesis jurisprudencial  P./J. 43/2014 (10a.) del Pleno de la SCJN, cuyo rubro señalaba:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

Y quedó en el aire si este principio alcanzaba también a la materia fiscal, o si debía entenderse lo contrario con base en los matices y modulaciones, que dicho sea de paso, en aquél momento el Pleno no acertó a definir.

El día de ayer, en el Semanario Judicial de la Federación, encontramos la siguiente tesis:

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- De los criterios emitidos por el Pleno y por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que, aun cuando por regla general el principio de presunción de inocencia ha de observarse en el derecho penal, también debe aplicarse a los procedimientos administrativos sancionadores, es decir, a aquellos en los que el Estado ejerce su facultad de ius puniendi, o bien, los de investigación, a efecto de obtener evidencia para utilizarla en dicho procedimiento. Esto es, el citado principio está reservado a las materias en las que pudiera derivar una pena o una sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado; de ahí que no es aplicable a normas distintas como serían las administrativas o las tributarias. Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación prevé diversas facultades, siendo que aquellas que tienen por finalidad determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, constituyen procedimientos fiscalizadores de los cuales no deriva una pena, al no tener la naturaleza de sancionadores y, por tanto, no se encuentran comprendidos dentro de las figuras que protege el derecho penal. Consecuentemente, los numerales que prevén dichas facultades no pueden analizarse conforme al principio de presunción de inocencia.

Amparo directo en revisión 3991/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo directo en revisión 4618/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Registro: 2010600. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 1a. CCCXCI/2015 (10a.). Publicación viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas.

De entrada, llama la atención que se tardara más de siete meses en publicarse este criterio.

Pero más aún, causa extrañeza el que, aparentemente, no toma en cuenta que del ejercicio de facultades de comprobación pueden derivarse -y de hecho sucede continuamente- penas o sanciones; tanto de multas de fondo como formales; teniendo éstas carácter punitivo por parte del Estado, tendentes a disuadir a los contribuyentes omisos. Tan es así, que el propio legislador (art. 75, fr. V, CFF) ha estimado aplicable el principio de consunción a las multas tributarias, por el que se aplica solamente la sanción más grave, lo cual ha sido también reconocido por la Segunda Sala de la SCJN (2a./J. 152/2004).

Parece no muy acertado el que el criterio sólo diga que no es aplicable el principio a las facultades de comprobación, por la diferencia entre las normas penales y las tributarias o administrativas que no derivan en una sanción. La Sala señala porqué no es conducente el principio de inocencia presunta diferenciando la materia fiscal de la penal, sin analizar la materia propiamente la primera. Situación que resulta grave, porque de un supuesto específico concluye que de ninguna forma resulta aplicable el principio en comento.

Infiero que lo que en el fondo quiso la Primera Sala, era justificar que en el ejercicio de las facultades de comprobación, existen situaciones que derivan de la propia naturaleza de la materia fiscal, a las que no puede aplicarse el principio de presunción de inocencia, como sucede con las presunciones que establece el CFF, en las que basta comprobar la existencia de un hecho para presumir otro desconocido. Por ejemplo, lo que establece el artículo 59 del código mencionado.

Hay que esperar nuevos criterios que terminen de definir este punto.

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Pruebas para desvirtuar UAP, no pueden valorarlas los auditores. Jurisprudencia de la 2SCJN.

La Segunda Sala de la SCJN ha emitido un nuevo criterio, al resolver la contradicción de tesis 268/2014, que no permite mas que concluir que su intención es favorecer a las autoridades, en vez de proteger los derechos de los contribuyentes.

En dicho criterio, concluye la Sala que los visitadores no pueden valorar las pruebas que se exhiban dentro del plazo concedido para ello en la la Última Acta Parcial (UAP), para determinar si desvirtúan, o no, los hechos u omisiones en ésta consignados.

Al respecto, es de señalarse que el CFF contempla que, dentro de la visita, después de la (UAP) se cuenta con el plazo de veinte días, para presentar pruebas que desvirtúen los hechos u omisiones contenidos en dicha acta. La lógica indica que, si son los visitadores quienes pueden detectar en la visita los hechos u omisiones que consignan en la UAP -lo cual implica una valoración de elementos-; entonces también podrían valorar las pruebas que se aporten, a fin de determinar si se desvirtuaron tales hechos u omisiones.

Sin embargo, para la Segunda Sala de la SCJN, los visitadores no pueden valorar las pruebas que desvirtúen hechos u omisiones, sino, únicamente, hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente; empero, sí pueden hacerlo para detectar cuestiones que puedan entrañar incumplimiento a disposiciones fiscales. Muy conveniente para la recaudación.

Quisiera suponer que la razón subyacente es la intención de quitar la posibilidad de que los visitadores “se arreglen” con el contribuyente para tener por desvirtuadas las cuestiones detectadas, sin embargo, como en muchos otros criterios recientes, no le ha importado a la Sala hacer consideraciones que violentan la más elemental lógica y que evidencian la falta de conocimiento de la situación que viven los gobernados que se ven sometidos a las facultades de comprobación de las autoridades.

El criterio en comento se contiene en la siguiente tesis pendiente de publicación:

“VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. El artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no establece, como facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas en la última acta parcial, pues sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente, ya que como auxiliares de las autoridades fiscales sólo están facultados para asentar los hechos u omisiones que observen durante la visita, pero dentro de sus atribuciones no se encuentra la de determinar créditos fiscales, a través de la valoración de los documentos, libros o registros que como prueba exhiba el particular.”

La ejecutoria puede consultarse aquí.

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Semanario Judicial…. IUS…. Consulta de Jurisprudencia.

Ante las reiteradas quejas respecto del acceso a la página de la SCJN para consulta de jurisprudencias, se pone a disposición esta liga que continúa habilitada para revisar el Semanario.

http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx

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Uso de medios electrónicos portátiles en consulta de expedientes en el TFJFA.

En la página del TFJFA apareció en fechas recientes el siguiente acuerdo relativo a la consulta de expedientes mediante el uso de medios electrónicos portátiles:

Acuerdo G/JGA/6/2015 Lineamientos para el uso de instrumentos electrónicos portátiles en la consulta de expedientes de juicios contenciosos administrativos que se tramitan ante el Tribunal.

Puntos destacados del mismo:

  • Puede hacerse con cualquier medio portátil de captura, almacenaje y reproducción de datos, imágenes y voz, con exclusión de fotocopiadoras.
  • Debe manifestarse al personal jurisdiccional la intención de su uso.
  • El personal del tribunal deberá evitar la imposición de autos respecto de información relativa a fatos personales de las partes o de terceros, o bien, información reservada. Asimismo, impedir el daño del expediente consultado.

Con esta medida, ya no será necesario solicitar mediante promoción la posibilidad de obtener reproducciones digitales mediante cámaras o escáner, invocando los criterios del Poder Judicial y quedar sujeto a la decisión discrecional del personal del truibunal.

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Firma autógrafa, cuando en la notificación se dice que se entrega documento con ésta.

Como es del conocimiento general en el foro, el agravio de la firma facsimilar en una resolución administrativa, es ampliamente utilizado en la materia contencioso administrativa.

Los criterios jurisdiccionales han variado de sentido, siendo el definido hasta hace poco que, si el particular imputa a la autoridad la falta de firma autógrafa en la resolución a debate, y la autoridad sostiene lo contrario, corresponde a ésta última probarlo, ya que se trata de un hecho que le es propio el que afirma.

La duda que quedaba era el efecto que tenía sobre estas cargas procesales el que en el acta de notificación se señalara que la entrega del documento a notificar se hacía en original con firma autógrafa.

Por un lado, se decía que, al ser el acta un documento público, hacía prueba plena en juicio ya que el notificador “cuenta con fe pública y se le obliga a entregar el documento original para que el acto administrativo tenga validez de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, de ahí que si en su formato utilizó la leyenda ‘RECIBÍ: Original de la cédula de liquidación al rubro indicada con firma autógrafa’, e inmediatamente se encuentra la firma de la persona quien atendió la diligencia sin hacer manifestación alguna en el acta como sería que la resolución que recibió no contiene firma autógrafa, el acta de notificación merece la presunción de legalidad correspondiente dado que no fue desvirtuada con prueba idónea“; por el otro, se alegaba que un notificador carece de la pericia para determinar que una firma estampada en un documento sea, o no, autógrafa, y que por ello, no relevaba de la carga de la prueba pericial a la autoridad que se afirmara en el acta que provenía de puño y letra del emisor.

El 16 de enero de 2015, apareció publicada la siguiente jurisprudencia por contradicción 2a./J. 110/2014 (10a.), que se transcribe a continación:

FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE. 

En observancia a los principios de igualdad entre las partes y de equilibrio procesal, así como a la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los juicios deben observarse las reglas legales previstas al respecto, entre las que se encuentra la relativa a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que las partes soporten sus posturas.

Por ello, en términos del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada puede ofrecer y desahogar cualquiera de los medios probatorios permitidos por la ley, a fin de acreditar sus defensas, cuya idoneidad dependerá de los hechos que pretenda acreditar, y su apreciación y valoración del prudente arbitrio del Juez; en el entendido de que los hechos citados pueden constituir circunstancias variadas, distintas a las consideradas en las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 195/2007 (*) y 2a./J. 13/2012 (10a.) (**).

Así, ante la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene la firma autógrafa de la autoridad emitente (sic) que entregó al momento de su notificación al interesado, es posible que para demostrarlo y cumplir con la carga de la prueba, exhiba constancia del acta levantada al efecto, que pueda confirmar que aquel documento se recibió firmado en original, por ser un medio de prueba legal, sobre la base de que quien atendió la comunicación tuvo conciencia del contenido de la leyenda de mérito (¿cuál?), máxime si ésta se ubica en el área donde firmó la recepción de aquel documento.

Lo anterior no impide que la parte actora pueda ofrecer prueba idónea para demostrar la falta de autenticidad de la firma correspondiente

Contradicción de tesis 175/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito. 17 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos (…).

(se separa por párrafos para facilitar su lectura)

Llama la atención la redacción del rubro, en la parte que dice “FORMA DE CUMPLIR”, pues da la impresión que se trata de la manera en que debe hacerse, cuando en realidad es una forma en que puede atenderse la carga procesal, y más adecuado sería que rezara “FORMA EN QUE PUEDE CUMPLIRSE”.

Asimismo, es importante señalar que, lamentablemente, la Segunda Sala no se dio a la tarea de analizar uno de los motivos torales de los criterios contendientes, respecto a que los notificadores no pueden determinar a simple vista si una firma es autógrafa (lo que ha dicho la Corte que ni siquiera lo puede la Sala Fiscal). En efecto, en el texto de la ejecutoria se limitó a partir de la premisa de la  presunción de validez de la constancia de notificación en la que el receptor asiente la entrega del original con firma autógrafa, como prueba indudable de que así fue.

Al respecto, será importante en un eventual litigio, verificar si el punto fino de la leyenda de la persona haciendo constar la recepción del original con firma autógrafa, se hizo constar en el documento; pues tácitamente la Segunda Sala sostiene que no es el dicho del notificador, sino la manifestación de la persona que recibe, lo que da idoneidad a la prueba.

Lo peor del caso, es que, a pesar de que, a juicio de la propia Segunda Sala, un magistrado del TFJFA no tiene elementos técnicos para determinar si una firma es autógrafa, el criterio ahora en análisis otorga tales aptitudes a quien recibe un documento, sin distinguir si es el interesado o un simple tercero, quienes por regla general no son peritos grafoscópicos.

Me parece evidente que la razón de fondo fue el que se había allanado la vía a los litigantes para que con la simple negativa de firma autógrafa, obligaran a las autoridades a desahogar una pericial, lo cual implica a éstas mayor gasto y personal; por ello, con este criterio -veladamente- se revertirá la carga de la prueba a los particulares, y con ello, se limitarán los casos en que deba desahogarse la prueba pericial.

Peca de inocente la Segunda Sala con su criterio, que olvida cuántas veces se ha visto en la práctica, especialmente por parte del INFONAVIT y las recaudadoras locales, que entregan resoluciones con firmas impresas a computadora, pero señalando en las actas de notificación que contiene el signo autógrafo. Confunde el deber ser, con el diario actuar de muchas de las autoridades.

Conclusión, otra vez deberá promoverse la pericial, con los costos que ello implica, y la dilación de procesos ante el TFJFA.

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TFJFA debe conceder, o no, plazo para ampliar la demanda?

En la práctica se advierte que las Salas del TFJFA actúan, incluso dentro de una misma región, con criterios bastante dispares; y ello se intensificó con la implementación del juicio sumario, en el que actúa únicamente el magistrado instructor, llegándose al extremo de que en una misma Sala, cada uno actúe en forma distinta.

Tal es el caso del acuerdo por el que se tiene por contestada la demanda dentro del juicio contencioso federal, puesto que para algunos magistrados, no es necesario señalar en dicho auto el derecho a la ampliación; otros lo hacen precisando la cuestión que actualice dicho derecho; y algunos más, se curan en salud otorgando el plazo de ley en cualquier supuesto que la autoridad exhiba un anexo o el expediente administrativo, sin discriminar si era del conocimiento previo del demandante, o no. Tal falta de uniformidad, sólo genera incertidumbre para los actores en juicio.

Algunos juzgadores, para no señalar el plazo de ampliación,  alegan que la Segunda Sala de la SCJN abandonó el criterio que obligaba a hacerlo, con la jurisprudencia 2a./J. 71/2009, al considerar que no se trata de una concesión del magistrado, sino de un derecho del actor:

DEMANDA DE NULIDAD. SU AMPLIACIÓN CONSTITUYE UN DERECHO PARA EL ACTOR Y UNA OBLIGACIÓN PARA LA SALA FISCAL DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA HACERLO.- Una nueva reflexión sobre la obligación de la Sala Fiscal de acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad y otorgar expresamente al actor el plazo para ampliarla, conduce a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 48/2001, de rubro: “DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA.”, para concluir que, si bien el Magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al recibir la contestación de la demanda de nulidad debe dictar un acuerdo sobre su admisión, resulta innecesario que en el citado acuerdo establezca expresamente que a la parte actora se le confiere el plazo de 20 días para la ampliación de su demanda, pues dicho plazo no es una concesión que aquél deba otorgar, sino un derecho del actor cuando se encuentra en los supuestos establecidos actualmente en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes en el 210 del Código Fiscal de la Federación); siendo relevante que el señalado plazo en los casos precisados en el precepto últimamente citado, sea respetado a favor del demandante, pues de no hacerlo la autoridad jurisdiccional incurrirá en una violación procesal que dejará al actor en estado de indefensión y, consecuentemente, trascenderá al resultado del fallo.

Contradicción de tesis 189/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 4 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Tesis de jurisprudencia 71/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de mayo de dos mil nueve.

Nota: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/2008-SS, determinó abandonar el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 48/2001 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 368.

Aunado a ello, señalan que no puede obligarse al instructor a establecer un análisis pormenorizado de toda la documentación aportada por la demandada y determinar si existe algún elemento desconocido, y que basta que se respete el plazo de ley dentro del trámite del juicio.

No obstante lo anterior, la misma Segunda Sala, en diferente integración, determinó que, al ser el derecho del actor para ampliar su demanda una formalidad esencial del procedimiento, aun y cuando la LFPCA no prevea como presupuesto de notificación personal el auto de contestación a la demanda, el ordenarlo en esa forma cuando en el mismo se concede el plazo para ampliar, permite garantrizar sus derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa

En efecto, en la edición correspondiente a junio del año 2013, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la siguiente jurisprudencia, que establece como necesaria la notificación personal del auto que concede al actor plazo legal para ampliar la demanda, en los juicios seguidos ante el TFJFA, siendo del siguiente tenor:

Tesis: 2a./J. 75/2013 (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA. Acorde con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el de acceso a la justicia conlleva, para los órganos jurisdiccionales, el deber de proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con aquél, así como garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, lo que de suyo implica acudir a una interpretación de la ley que permita lograr tales objetivos. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que en el juicio contencioso administrativo federal el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una formalidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto que pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar las cuestiones que desconocía al formular su demanda inicial o que introdujo la autoridad al contestarla. Por tanto, la circunstancia de que el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevea expresamente como supuesto de notificación personal o por correo certificado el auto que tiene por contestada la demanda, no impide que así se realice cuando en dicho proveído se concede al actor el plazo legal para ampliarla, ya que de esa manera se garantizan sus derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Incluso, si se tiene en cuenta que conforme al numeral 67, en relación con el diverso 17 del indicado ordenamiento legal, se notificará personalmente el requerimiento al actor para que dentro del plazo de 5 días presente las copias que debió adjuntar al escrito de ampliación de la demanda, es inconcuso que el auto que le concede el plazo legal para ampliarla al tenerla por contestada también debe notificarse de manera personal, al ser evidente que se trata de una actuación de mayor entidad, y tener la misma finalidad del auto por el que se emplaza a juicio a la demandada, además de que ello es acorde con la intención del legislador de restringir ese tipo de notificaciones a los casos más trascendentes.

Contradicción de tesis 43/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 75/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.

Registro: 2003859  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1. Página: 950

Por consiguiente, de no señalarse el plazo para ampliar en el auto que tiene por recibida la contestación o de no notificarse éste personalmente, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no estarían garantizados los derechos humanos al acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa.

Con base en lo transcrito estimo que debe prevalecer el criterio de que el TFJFA debe conceder el plazo para ampliar en el auto que recaiga a la contestación de la demanda, a fin de no violentar una formalidad esencial y, porque sólo haciéndolo, dará la pauta a sus actuarios de la modalidad idónea de notificación, es decir, la personal, con lo que se protegerían y garantizarían los derechos humanos de los justiciables.

Tal vez el supuesto más complicado es el de la fracción IV del numeral 17 de la LFPCA, pues no siempre es fácil determinar, en el caudal probatorio o en un expediente administrativo voluminoso, si hay cuestiones novedosas; por lo que una posible solución sería que en el acuerdo se otorgara cautelarmente el plazo de ampliación, por si el particular considerase necesario ejercer ese derecho.

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Optativo juicio en la vía sumaria TFJFA. Jurisprudencia del Segundo Circuito.

Apareció publicada en el Semanario del pasado 15 de agosto de 2014 la jurisprudencia II.3o.A. J/16 (10a.) del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, que señala que el juicio sumario es optativo, y que la tramitación en esa vía, requiere de solicitud expresa del actor:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AL PRESENTAR SU DEMANDA, NO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE OPTA POR LA VÍA SUMARIA, EL PROCESO DEBE SEGUIRSE POR LA TRADICIONAL, PARA NO AFECTAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES.- De las interpretaciones gramatical, histórica progresiva, histórica legislativa, sistemática, teleológica y conforme a la Constitución Federal, de los artículos 1o., 1o.-A, 4o., 5o., 13, párrafo segundo, 14 y 58-1 a 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como primero a cuarto transitorios del decreto de reformas a dicha ley (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010) y, especialmente, del proceso legislativo correspondiente, se colige que, en congruencia con la teoría general del proceso, al igual que otros juicios sumarios, el contencioso administrativo federal en esa vía es optativo, razón por la cual, el demandante es quien tiene el derecho a decidir si el juicio debe tramitarse o no bajo esa forma procesal. Lo anterior, porque desde la Edad Media (el origen fue el summatim del derecho romano-germano-canónico, que fue una reacción contra los sistemas formularios o solemnis ordo judicarius, incorporado en diversas ciudades italianas durante los siglos XII a XIV y estatuido por diversas bulas papales como las de Alejandro III entre 1159 y 1181, Inocencio III entre 1198 y 1216, Gregorio IX entre 1227 y 1241, Inocencio IV entre 1243 y 1254, y la más reconocida que fue la Bula Saepe Contingit de Clemente V 1305 a 1314, también conocida como Bula Clementina) y hasta la fecha, el proceso sumario está concebido, por antonomasia, como una vía optativa que no debe ser confundida con los diversos juicios plenarios (procedimientos con tramitación especial como puede ser en el contencioso, por ejemplo, la impugnación de resoluciones negativas fictas o los juicios a que se refiere el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Así, la noción de dicho proceso sumario fue incorporada en México a través de los ordenamientos procesales españoles durante la Colonia y, actualmente, se encuentra en los códigos de procedimientos civiles originados durante la segunda mitad del siglo XIX; siendo de ahí de donde se retoman para materias diversas de la civil; de esta forma es como los juicios o procesos sumarios (del latín summarium que significa: breve, sucinto, resumido, compendiado) son procesalmente entendidos como una vía alternativa cuya sustanciación requiere de la manifestación del actor, quien es el único que puede elegir esta forma de juicio. A lo anterior debe sumarse que de la revisión cuidadosa del proceso legislativo aludido, se observa que, en una de las dos iniciativas que lo originaron (de 3 y 10 de diciembre de 2009), acertadamente y en correspondencia con la naturaleza procesal de los juicios sumarios, expresamente se propuso que dicha vía contenciosa fuera optativa para el actor, aspecto que estuvo presente en todo momento, sin contradicción ni debate legislativo en contrario en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y si bien es cierto que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, se propuso a la Cámara de Senadores que se discutiera la posibilidad de considerar obligatoria a dicha vía sumaria, también lo es que en los debates ese punto no fue discutido, tanto así que al final del proceso de reformas no se promulgó ninguna regla expresa en ese sentido, cuando lógicamente ésta sería necesaria -lo que se destaca al margen de que, conforme al criterio contenido en las tesis P./J. 15/1992, 1a. LX/2011 y 2a. XXVII/2009, las exposiciones de motivos y etapas del proceso legislativo no forman parte de la ley una vez promulgada ni son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales, pues de lo contrario se afectaría su autonomía e independencia judicial y se desconocerían los verdaderos alcances de la función jurisdiccional-. Debe considerase también, que al analizar las características del juicio sumario referido, resulta evidente que con él se buscó privilegiar el principio constitucional de justicia pronta, en detrimento de otros derechos humanos fundamentales que, en contexto, tienen mayor entidad, como son los del debido proceso, acceso a la justicia, seguridad jurídica, justicia completa, así como la naturaleza jurídico constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano equilibrante de controversias desiguales entre los administrados y la administración pública, previstos en los artículos 14, 16, 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aspecto de la reforma que sólo puede ser constitucionalmente válido si fuera el actor o demandante quien elija voluntariamente la vía sumaria, prefiriendo de este modo la expeditez y renunciando para ello a los otros derechos mencionados, lo que se vuelve notorio si se consideran las reducciones en los plazos, las restas de oportunidades procesales y el intercambio que importa admitir que el juicio se decida no mediante sentencia colegiada, sino a través de un fallo dictado de manera unitaria por el propio Magistrado instructor; la perspectiva de interpretar como optativa a la vía sumaria, se confirma con naturalidad con el contenido del artículo 13, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se señala, en términos generales, que cuando el demandante no manifieste su opción al presentar la demanda se entenderá que eligió la vía ordinaria o tradicional, y si bien es verdad que esta disposición se ubica en la regulación del “juicio en línea” también lo es que la aplicación extensiva de este principio al juicio sumario, se ajusta perfectamente a la lógica del derecho procesal -conforme al cual, todo juicio o proceso sumario es optativo- al igual que se vuelve funcional toda la ley, mientras que, por el contrario, si se hace una interpretación restrictiva de dicha cláusula y adicionalmente se considera a la vía optativa como obligatoria (por cierto, sin fundamento expreso, el que es necesario, dada su repercusión en otros derechos diversos al de justicia pronta), el entendimiento de la ley se torna forzado y pierde no sólo naturalidad sino lógica desde las perspectivas procesal y constitucional. Otros argumentos en el discurso en favor del juicio contencioso sumario han sido las “reducciones de inventarios” o abatimiento de rezago, aspecto de hecho que no puede considerarse válido si con esa política se cometen violaciones constitucionales, como ocurre con la interpretación forzada de entender como obligatoria a dicha vía sumaria. En este orden, se concluye que, para no contravenir la naturaleza de los procesos sumarios ni afectar los derechos constitucionales del actor, el juicio sumario debe entenderse como una vía optativa, cuya tramitación necesariamente requiere de manifestación expresa del actor y, a falta de ésta, los Magistrados instructores deberán seguir el juicio por la vía tradicional.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación. Viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h

Me parece muy interesante el criterio y rescatable la idea de que las cargas laborales del tribunal no justifican la vejación o reducción de derechos, pues no deben pagar los justiciables las ineficiencias del sistema o las carencias presupuestales de un órgano.

No hay que pasar por alto  la jurisprudencia II.1o.A. J/1 (10a.) Primero Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, de rubro “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. SU TRAMITACIÓN NO ES OPTATIVA EN RELACIÓN CON EL ORDINARIO.”, sin embargo, al tratarse la que se transcribe de una interpretación de aspectos relativos a derechos humanos, considero que deberá de preferirse su aplicación por encima de la que sostiene la obligatoriedad de la vía sumaria.

Actualización al 17 de octubre de 2014.

Como comenta en este blog el Lic. Juan José Saavedra, el día de hoy se publicó la Contradicción de Tesis en la que la Segunda Sala de la SCJN se pronuncia sobre el tema, en el sentido que ya se preveía, es decir, que no es optativo el juicio sumario.

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Colapso de oficialía en Juzgados de Distrito N.L. por amparo vs. e-contabilidad. (Crónica)

Como: “¡Una pesadilla!”, “Algo nunca visto”, “Un auténtico error”, fue calificado por los litigantes el colapso que sufrió la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León el 11 de agosto de 2014.

Decenas de abogados se dieron cita para presentar las demandas de amparo contra la “contabilidad electrónica”, sin pensar que el simple trámite de presentación podría implicar hasta 38 horas de espera para ser atendidos.

A pesar de los esfuerzos del personal de la Oficialía, reinaba el caos y la falta de organización. La fila salía del recinto, en donde se encontraban amontonados cajas de documentos con las personas ahí presentes, viéndose sujetos a las inclemencias del tiempo, pues se sufrió hasta la lluvia que mojó varias demandas de un abogado que no logró protegerlas a tiempo.

Hubo, incluso, un momento ríspido en que las cosas salían de control, cuando el personal de oficialía propuso un orden alterno a la fila, para atender a quienes llevaban tres promociones o menos, pues algunos entre las filas empezaron a discutir acaloradamente y parecía que iban a dirimir con los puños lo que las palabras no estaban resolviendo

Poco después de la media noche, el cansancio fue haciendo mella en quienes, exhaustos, optaron por ubicar un rincón entre papeles o de una escalera, para descansar un poco.

A las 5:44 am las escaleras eran ya lugar de descanso.

A las 5:44 am las escaleras eran ya lugar de descanso.

El tiempo pasaba, pero las filas no se movían, salvo por la llegada de relevos para quienes, contando con ese apoyo, podían retirarse momentáneamente a descansar.

 

5:30 am, abogados y cajas por doquier.

5:30 am, abogados y cajas por doquier.

De forma muy gradual, fue disminuyendo la fila, hasta que finalmente, salieron los últimos después de casi 38 horas de espera

Evidentemente no era desconocida en la oficialía la oleada de demandas que llegarían en el último día, a la última hora, pues el viernes anterior, la fila tuvo un promedio de espera de 10 horas; por lo que nada justifica que se omitiera habilitar más áreas de recepción de demandas o sedes alternas.

Prácticamente era nula la posibilidad de enfrentar la tarea con éxito para los dos oficiales (en momentos tres), que estuvieron a marchas forzadas atendiendo la presentación de documentos. En promedio la recepción de una demanda iba de los 3 a los 5 minutos, lo cual hace pensar que, al menos, el día 11 se presentaron al rededor de 1,500 demandas.

Así lucía el recinto con las cajas abandonadas después de entregar demandas.

Así lucía el recinto con las cajas abandonadas después de entregar demandas.

El foro comentaba que era necesaria una mayor sensibilidad por parte de la Judicatura para atender adecuadamente estas situaciones especiales, pues su falta de atención oportuna refleja una que no hay un interés real de facilitar el acceso a la justicia, enmarcado dentro de un servicio público.

Finalmente, va mi reconocimiento al personal “de infantería” que estuvo al pie del cañón recibiendo demandas sin cesar.

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